Diócesis de Chalatenango renuncia a la UMOAR 07/04/2011

La diócesis de la iglesia católica de Chalatenango ha renunciado de manera oficial a participar como socia fundadora del proyecto de la Universidad Monseñor Oscar Arnulfo Romero(UMOAR) al denunciar supuestas anomalías existentes en la institución.

La Carta de renuncia a formar parte del proyecto, la firmaron justo el 24 de marzo, fecha en la cual el recordado arzobispo y principal fuente de inspiración para el proyecto de la universidad, cumpliera 31 de años de haber sido asesinado.

La universidad fue fundada por ocho profesionales nacionales y extranjeros en agosto de 1992, en el marco de las nuevas condiciones que crearon los Acuerdos de Paz e inició sus funciones en 1994. La creación de la Universidad Monseñor Romero, fue encabezada en ese entonces por monseñor Eduardo Antonio Alas, obispo de la diócesis de Chalatenango.

Los miembros de la Diócesis de Chalatenango aseguran que entre los objetivos de la UMOAR están favorecer el desarrollo educativo de la zona norte, especialmente de las zonas más pobres de ese municipio y como una oportunidad de superación para los jóvenes, que no tienen recursos para acceder a estudios superiores.

Sin embargo, la diócesis dice que ese objetivo principal con el cual comenzaron no se ha cumplido ya que no se ha dado una educación de altura y de conciencia, y más bien lo que ha prevalecido en estos 18 años es el protagonismo, seguido de los fines mercantilistas de algunos de sus actuales miembros fundadores y del Consejo Superior Universitario.

Los denunciantes aseguran que en la memoria de Monseñor Romero se han legitimado procedimientos fraudulentos a nivel financiero y legalmente comprobados. De ahí la decisión de renunciar al proyecto y no hacerse responsable de lo que suceda entre los miembros fundadores.

Entre las anomalías denunciadas se encuentra el lucro económico por parte de los funcionarios de la universidad, principalmente los actuales directivos, ya que de acuerdo a Ley de Educación Superior “se prohíbe la distribución de excedentes entre los miembros directivos y administradores”.

Sin embargo, estas personas distribuyen bienes de forma fraudulenta encubriendo estas acciones como sueldos retrasados y otras formas fraudulentas encubiertas, superando el medio millón de dólares los que no fueron aprobados por la Junta Directiva de Fundadores.

Hasta el momento se están procesando penalmente a cuatro personas, por haber incurrido en una serie de delitos entre ellos el de administración fraudulenta, lo cual fue investigado por parte de Fiscalía General de la República, el Ministerio de Educación y Ministerio de Hacienda.